Hemos realizado una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y presentamos una demanda judicial en la justicia Nacional Comercial. Ambas iniciativas buscan poner fin al abuso de la posición dominante que ejerce la dueña de VISA y sus bancos asociados, sobre todo en cuanto a los extensos plazos que se toman para pagarle a las estaciones de servicios las ventas con esa tarjeta de crédito y por los desmesurados aranceles que les cobra.

Los aranceles que perciben las tarjetas de crédito de los estacioneros en Argentina son sustancialmente más altos que los cobrados en Europa e incluso en muchos países de Latinoamérica, generando un grave perjuicio a los expendedores de combustibles.

Las empresas de tarjetas de crédito -que en el año 2.000 les pagaban a los comerciantes a las 48 horas- han ido extendiendo ese plazo hasta llevarlo, en el último tiempo, a los 18 días hábiles.

La situación se ha vuelto tan injusta -lo es todavía más si consideramos la gran inflación que estamos padeciendo- que recientemente el Banco Central puso un tope de 10 días hábiles a través de la Comunicación “A” 6680.

No obstante, las compañías de tarjetas de crédito, haciendo valer su condición oligopólica, aplican ese plazo máximo a los comerciantes de todas las actividades, lo cual resulta fatal para las estaciones de servicio que deben pagar el combustible que comercializan prácticamente de contado.

Para tratar de paliar esta realidad tan dramática, en la Cámara de Diputados de la Nación se presentaron dos proyectos de ley tendientes a acortar los plazos y limitar los aranceles: uno, obra del diputado Álvaro González (Pro) y otro de los diputados Silvina Frana y Juan Brügge (PJ). Cabe mencionar que dichas propuestas recibieron el firme apoyo de las distintas cámaras y federaciones regionales del expendio de combustible, así como de otros legisladores.

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